Innovaciones en la Nueva Ley de Contrataciones

La Ley General de Contrataciones Públicas 2024 introduce importantes cambios para mejorar la transparencia, eficiencia y competitividad en el sector público. Simplifica procedimientos, reduce la burocracia y fomenta la competencia, permitiendo una mayor participación de las Pymes. La digitalización de procesos, el fortalecimiento de la transparencia y la inclusión de criterios de sostenibilidad son pilares clave. También se destacan mejoras en la gestión de contratos y la profesionalización de los funcionarios encargados. Estas innovaciones buscan garantizar adquisiciones más ágiles y justas, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

Nueva Ley de Contrataciones del Estado 2024: Innovaciones y Cambios Clave

La norma regula las modalidades y herramientas para la contratación pública eficiente, también los procesos de contrataciones, lineamientos para la solución de controversias, entre otras directrices, aunque para que sea vigente, falta su reglamentación… a estar atentos amigos proveedores del Estado Peruano.

(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 26 de junio 2024) La reciente publicación de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas 2024, promulgada por el ejecutivo Ley N° 32069 ha traído consigo una serie de cambios significativos destinados a mejorar la transparencia, eficiencia y competitividad en los procesos de adquisición del sector público. A continuación, se dan a conocer las principales novedades de esta norma y algunos comentarios iniciales. A tenor de lo publicado se observan novedades que esperamos se cumplan y no sean letra muerta, no hay que olvidar que nuestro país está inundado de normativas que muchas veces no se cumplen:

Simplificación de Procedimientos
Uno de los aspectos más destacados es la simplificación de los procedimientos de contratación. La nueva ley reduce el número de etapas y requisitos, haciendo que los procesos sean más ágiles y menos burocráticos. Esto facilita la participación de pequeñas y medianas empresas, promoviendo una mayor diversidad de proveedores.

Fomento de la Competencia
La normativa introduce medidas específicas para fomentar la competencia entre los proveedores. Se implementan mecanismos para evitar la concentración de contratos en pocas empresas, garantizando una distribución más equitativa de las oportunidades. Además, se establecen incentivos para la participación de empresas nacionales en igualdad de condiciones con proveedores internacionales.

Uso de Tecnología y Digitalización
La digitalización de los procesos de contratación es otro de los pilares de esta ley. Se promueve el uso de plataformas electrónicas para la gestión de licitaciones y la presentación de ofertas, lo que no solo agiliza los trámites, sino que también mejora la transparencia y reduce las posibilidades de corrupción.

Fortalecimiento de la Transparencia
La nueva ley refuerza los mecanismos de control y supervisión para garantizar la transparencia en todas las etapas del proceso de contratación. Se incrementan las obligaciones de publicación de información, permitiendo un mayor acceso y escrutinio público. Asimismo, se implementan herramientas de monitoreo y auditoría en tiempo real.

Promoción de la Sostenibilidad
En línea con las tendencias globales, la ley incorpora criterios de sostenibilidad en los procesos de contratación pública. Se priorizan las adquisiciones de bienes y servicios que cumplan con estándares ambientales y sociales, promoviendo un desarrollo más sostenible y responsable.

Mejora en la Gestión de Contratos
La normativa también introduce mejoras en la gestión y ejecución de los contratos. Se establecen medidas para garantizar el cumplimiento de plazos y la calidad de las obras y servicios contratados. Además, se implementan sanciones más severas para los incumplimientos, incentivando una mayor responsabilidad por parte de los proveedores.

Inclusión de Innovaciones Tecnológicas
Se fomenta la inclusión de soluciones innovadoras en los proyectos contratados por el Estado. Esto no solo impulsa el desarrollo tecnológico del país, sino que también mejora la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.

Capacitación y Profesionalización
La ley enfatiza la importancia de la capacitación y profesionalización de los funcionarios encargados de los procesos de contratación. Se implementan programas de formación continua y se establecen requisitos mínimos de competencia y experiencia, asegurando que los procesos sean gestionados por personal altamente capacitado.

Por otro lado, se señala a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (DGA), el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), la Central de Compras Públicas (Perú Compras), las entidades contratantes y los proveedores, como actores del proceso de contratación de un bien. Así, todo parece indicar que la denominación OSCE se apartaría, siendo que el nuevo OECE tendría un rol de agente de asistencia técnica a las entidades, dejando de ser simplemente una instancia más de control y fiscalización.

¿Con esta publicación, ya entra en vigor la ley en mención?, No, aún no. Entrará en vigor a los 90 días posteriores a la aprobación del Reglamento. Y si tomamos en cuenta que para la elaboración y aprobación del reglamento se contempla un plazo de ciento ochenta días calendario, podemos estimar que la ley y el reglamento respectivo entrarían en vigor todavía para el próximo año 2025, quizás para el mes de marzo.

Sin embargo, a partir del día siguiente de la publicación de esta ley ya han entrado en vigencia algunas disposiciones, entre ellas: el mandato para que OECE y Perú Compras elaboren un plan de implementación de sus nuevas funciones y, al MEF para que le asigne los recursos que requieran; asimismo las reglas de competencia judicial para conocimiento de demandas y medidas cautelares en vía contencioso-administrativos y de amparo contra decisiones del OECE y; la aplicación de nuevas reglas de impedimentos, solución de controversias contractuales y precontractuales para los contratos que celebre la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

En cuanto al reglamento de esta ley, el MEF ha quedado a cargo de su preparación, para lo cual tiene 180 días calendario. Se espera que todo este proceso sea abierto y plural, y con la participación de los diferentes sectores: instituciones empresariales, universidades y expertos en general con experiencia en contrataciones con el Estado.

Finalmente, es de esperar que en el reglamento se hagan las precisiones y complementos a la ley, que conviertan a la normativa de contrataciones del Estado (Ley y reglamento) en un instrumento de aplicación integral, efectivo y que propicie lo mejor para beneficio de todos los actores o interesados, y sobre todo para el país. De una primera consulta a expertos, se señala la necesidad de reducir drásticamente la presentación de abundantes documentos en favor de la presunción de la veracidad, y si se detectara algún documento fraudulento o información inexacta, se sancione al causante directo de ello (así fuera una persona natural) y no necesariamente a la empresa postora. Ello teniendo en cuenta que más de la mitad de las empresas suspendidas o inhabilitadas temporalmente, se encuentran sancionadas precisamente por lo mencionado – documentos falsos, fraudulentos o con información inexacta – en donde en muchos casos el causante ha sido algún profesional o técnico que suministró ello a la empresa postora. También se espera que haya una forma más digital para el seguimiento del cumplimiento de los pagos a los proveedores por parte de las Entidades, y así no estén los mismos viéndose gravemente perjudicados por funcionarios que quizás en un intento de mala práctica demoran excesivamente, los pagos comprometidos contractualmente.

Sin lugar a duda, se espera que la nueva Ley General de Contrataciones Públicas 2024 represente un avance significativo hacia una gestión más transparente, eficiente y competitiva de los recursos públicos. Ello en el entendido que estas innovaciones buscan no solo mejorar la calidad de las contrataciones, sino también promover una mayor participación y equidad en los procesos, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. Ahora el gran reto o desafío es que se cumplan estas nuevas normativas. En América Sistemas estaremos muy atentos respecto a todo este acontecer.