La corrupción ronda en las Universidades de Provincias

Una pena decirlo y aún más publicarlo, pero hemos recibido algunas denuncias de nuestros amigos lectores quienes señalan que ante la presión del SUNEDU para que las Universidades del interior del país, cumplan con los plazos en la obtención de sus respectivas licencias, muchas de ellas tienen proyectos de inversión en infraestructura de comunicaciones y tecnología de información que deben implementar para tal fin, los cuales como expediente han sido aprobados en el Ministerio de Educación. En suma, la Universidad Toribio Rodriguez de Mendoza en el ojo de los contralores.

La corrupción ronda en las Universidades de Provincias

(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 19 de julio 2017) Aprovechando esto, algunos malos funcionarios de estas universidades, valiéndose de familiares han salido a “vender” estos proyectos en Lima al mejor postor (llámese integrador TI) aduciendo precisamente que tienen un familiar cercano en el área de logística; esto estaría sucediendo en el caso de la Universidad Toribio Rodriguez de Mendoza de Chachapoyas, para favorecer lo dicho tergiversan lo establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento:

De escándalo: Están orientando procesos en los cuales el mayor porcentaje del valor referencial es la  adquisición de equipamiento (bienes), para ser convocados como si fueran procesos de obras, aduciendo que también hay involucrados servicios de cableado estructurado y adecuaciones de los centros de datos, que siendo de un menor monto corresponden a servicios y no a obras, contraviniendo lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Artículo 32), que indica textualmente lo siguiente:

De otro lado, al verse involucradas diversas especialidades, se requieren de especialistas por cada especialidad involucrada, esto para asegurar los niveles de integración e implementación de las soluciones involucradas y que la Ley de contrataciones permite precisamente para garantizar el funcionamiento y en consecuencia la inversión del dinero público. Sin embargo, por la modalidad de Obras, con que quieren convocar estos procesos, para favorecer a sus familiares o allegados; el procedimiento de validación no es el mismo que el de bienes y aquí interviene un “Supervisor” quién puede aceptar otro equipamiento y no validar necesariamente el servicio, para ello tratarían de colocar especialistas que no cuentan con las habilidades y certificaciones que tienen los especialistas de TI, que de acuerdo al modelo de bases publicado en el OSCE, es posible colocar:

En el modelo General de Bases del OSCE, claramente se indica:

Esto a pesar de haber sido solicitado el proceso de Estudio de Mercado por el área usuaria, en cumplimiento de los establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento para que se haga el estudio de precios correspondiente, el área de logística estaría reorientándolo a obras y eliminando los especialistas con el fin de favorecer a empresas que aún sin tener la experiencia y capacidades necesarias para ejecutar los servicios requeridos; si responderían a sus intereses particulares.

Asimismo, al convocarse como un proceso de obras, la Universidad no puede comprar liberada del impuesto general a las ventas IGV (como entidad educativa tiene las facultades de poder comprar de forma liberada), sin considerar que ante un monto presupuestal aprobado, la entidad podría comprar un 18% más de equipamiento con lo que se ahorra el pago del IGV, comprando en una modalidad CIF.

En particular, las denuncias de nuestros lectores han venido referidas a la Universidad de Chachapoyas (Amazonas).

¿Es que acaso el órgano de Control, que entendemos está presente en todas las entidades públicas, no fiscaliza las compras que están por ejecutarse en estas entidades?

Estaremos atentos estimados lectores a sus denuncias a fin de desterrar de una vez por todas el flagelo de la corrupción que cada vez se está extendiendo más a todos los rincones de nuestra patria.