La Oficina de Logística del Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó un contrato de cinco millones de soles al Consorcio Grupo Radical para servicios de seguridad gestionada. Sin embargo, un documento alerta que la solución EDR de Fortinet propuesta no cumple con varias especificaciones técnicas requeridas, poniendo en duda la transparencia del proceso. Miembros del comité de evaluación, Héctor Hugo Cangahuala, Martha Jackeline Tito y Yessica Eugenia Reyes, estarían ignorando estas irregularidades, permitiendo que el contrato avance. Se exige la intervención de la Contraloría para evitar un fraude que comprometería la seguridad informática de la Cancillería y el país.
Fraude a la Vista: Ministerio de Relaciones Exteriores a Punto de Firmar Contrato Millonario con Irregularidades Técnicas
Las modalidades de corrupción varían y todo indicaría que esta no es la excepción, esperamos que control interno y Contraloría vea de inmediato el proceso.
(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 09 de octubre 2024) El mes pasado, la Oficina de Abastecimiento y Logística del Ministerio de Relaciones Exteriores otorgó la buena pro al Consorcio formado por las empresas Grupo Radical, Radical Alternativas y BigSecure. Este consorcio ganó el Concurso Público CP-SM-17-2024-RE-1 para la “Contratación del Servicio de Seguridad Gestionada” por un valor cercano a los cinco millones de soles. Hasta aquí, parecería que todo marcha dentro de los parámetros normales de un proceso de licitación pública. Sin embargo, fuentes internas comprometidas con la transparencia en la Cancillería han lanzado una seria advertencia: se estaría perpetrando un fraude técnico con implicancias graves.
El Consorcio ganador declaró bajo juramento que cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas en las bases del proceso. No obstante, un documento virtual entregado en la mesa de partes de la Cancillería indica que la Solución de Detección y Respuesta Endpoint (EDR) correspondiente a la marca Fortinet, propuesta por el consorcio, no cumple con las especificaciones técnicas requeridas. Esto contradice directamente las declaraciones del Consorcio y coloca bajo sospecha la integridad de todo el proceso de contratación.
Las Irregularidades: ¿Fraude Técnico?
El documento entregado en Cancillería expone con detalle una serie de argumentos técnicos que indican que los miembros del comité de evaluación –conformado por Héctor Hugo Cangahuala Antonietti, Martha Jackeline Tito Hervias y Yessica Eugenia Reyes Vergara de Díaz– estarían omitiendo deliberadamente estas graves deficiencias. Según los informantes, estos miembros se estarían haciendo de la vista gorda y estarían a punto de firmar el contrato, permitiendo que el proceso siga adelante, a pesar de las claras irregularidades.
El EDR propuesto, pieza clave para la seguridad informática de la Cancillería, es un elemento crítico en la protección contra ciberamenazas y su funcionamiento debe estar plenamente garantizado. El incumplimiento de las especificaciones técnicas podría dejar vulnerable al Ministerio frente a ciberataques y otros riesgos de seguridad, lo cual tendría consecuencias graves tanto para la Cancillería como para la seguridad nacional.
¿Complicidad o Negligencia?
La situación es alarmante. Según el documento recibido por nuestra redacción, se está sorprendiendo a la institución con un producto que no está a la altura de las exigencias técnicas, lo que representa una estafa flagrante al Estado peruano. Aún más preocupante es que las autoridades responsables, quienes deberían velar por la transparencia y la correcta ejecución del contrato, estarían permitiendo este despropósito, en detrimento de la seguridad de la Cancillería y, por ende, del país.
Es difícil no preguntarse qué intereses están realmente detrás de este proceso. Aunque no contamos con pruebas concretas que demuestren una complicidad directa entre los miembros del comité y el Consorcio, el silencio y la inacción por parte de estos funcionarios generan serias dudas. En un contexto en el que la lucha contra la corrupción es un tema prioritario, la firma de este contrato bajo estas condiciones constituye un acto que raya en lo delictivo.
Llamado a la Contraloría y Orden Interno
Frente a este panorama, es imprescindible que la Contraloría General de la República y el área de orden interno de la Cancillería intervengan de manera urgente. No se puede permitir que se lleve a cabo un negociado que claramente va en perjuicio del país, y mucho menos que se entregue un contrato de esta magnitud sin cumplir con los requisitos técnicos esenciales.
Agradecemos a los informantes que, con su preocupación, desean evitar que la Cancillería sea estafada en un proceso que, de consumarse, afectaría directamente la seguridad informática de la institución. Es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto y detengan este contrato antes de que sea demasiado tarde.
La opinión pública debe permanecer vigilante y exigir respuestas claras y contundentes sobre este escándalo. Las instituciones públicas están para servir al país, no para enriquecer a quienes, valiéndose de su posición, intentan dar gato por liebre. La transparencia y la justicia deben prevalecer.
Este caso debe servir como un recordatorio de que la corrupción puede disfrazarse de muchos modos, incluso en procesos aparentemente regulares. En un Estado de derecho, no se puede permitir que intereses privados comprometan la seguridad nacional, y mucho menos que quienes tienen el deber de velar por la transparencia sean cómplices o negligentes en su labor. La Contraloría tiene la palabra y el país espera una respuesta clara y enérgica.
Carta ingresada señalando explícitamente lo que se solicita y lo que se pretende, todo con la anuencia, mejor dicho complicidad del comité adjudicador.
