El conversatorio convocado por América Sistemas llevado a cabo el pasado 10 de febrero recogió varias consideraciones y sobre todo preocupaciones de la industria involucrada en la comercialización de equipos de cómputo que desea que las compras que lleva el estado se lleven de manera transparente y no como se hace actualmente, más aún cuando por Resolución Ministerial se está llevando a cabo la reorganización del OSCE, recordemos que la gota que rebalsó el vaso de agua fueron las cuestionadas compras de computadoras realizadas por el Congreso de le República y que desencadenó en lo que todos conocemos.
Esperamos que el presidente de la comisión reorganizadora, Sr. Carlos Ganoza Durant haga eco de lo que publicamos y sobre todo que al final tengamos un modelo de compras del estado honesto con claras ganancias país.
Acuerdo Marco:
El conversatorio organizado por América Sistemas que dejó marcas y huellas
(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 01 de marzo 2017) Las licitaciones y las transacciones de compra y venta entre el Estado y el sector privado están en el ojo de la tormenta, originadas por el sonado caso Odebrecht, y por añadidura las adquisiciones de productos de tecnología (computadoras y colaterales) también está en la picota desde el 22 de diciembre último cuando por resolución ministerial Nº 430-2016-EF/10 se declaró en REORGANIZACION el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE-, recayendo en Carlos Ganoza Durant la presidencia de la misma.
Tanto por su complejidad, singularidad, rápida obsolescencia (hoy el procesador X es el más rápido pero en tres meses será superado por otra versión) convierte el proceso de selección de proveedores en una auténtica caja de sorpresas, cuando no sospechas de favoritismos y corrupción de por medio.
Como bien dice Gloria Montenegro, de Datasum, una empresa de larga data proveyendo equipos tecnológicos al Estado, “no se le puede dar una laptop con procesador Core 7 a una secretaria”, al tratar de explicar que en muchos casos los productos comprados no van a los escritorios de quienes efectivamente los necesitan.
Peor aún –reveló- los encargados de otorgar la buena pro no deben esperar el día ni la hora límite para anunciar a los ganadores. “Esperan hasta las doce de la noche para decidir qué empresa ha ganado el concurso”, suscitando con fundamentos de lo irregular que podría estar sucediendo al interior de los comités de evaluación.
Sergio Marfurt de Intcomex, del canal mayorista, es más certero a este respecto y sintetiza su opinión con la siguiente frase, “quien define el proceso es la persona que en ese momento es dueño del mouse”, así de simple y sencillo.
Anécdotas aparte, tirios y troyanos concuerdan que la anunciada reorganización de este “acuerdo marco” en esta oportunidad deberá afectar tanto al cogollo como a la última hoja del árbol, y que –tal como anota Juan Vicente máximo ejecutivo de la empresa Vastec, “tiene que ser actualizado permanentemente, al mismo ritmo con que avanza la tecnología.
“No hay que esperar 8 años para actualizarlo; siempre debe estar en mejora continua, de otro modo se prestará a irregularidades”, sostiene con ímpetu.
“Ahí está el quid del asunto, la actualización constante es clave”, indica por su parte el abogado Alberto Arrieta, del estudio de Abogados, Montezuma & Porto, con el añadido de que “cada institución del Estado tiene que contar con funcionarios especializados cuya misión sea revisar esas compras” antes de aceptarlas.
Puntos centrales en la reorganización anunciada deberá contemplar también lineamientos que frenen los intentos de corrupción, pues hasta hoy en día un ciudadano de a pie, premunido únicamente de RUC y RNP (Registro Nacional de Proveedores) puede venderle al Estado, con los riesgos que eso implica.
El mercado sabe de casos de familiares y amigos, tanto desde el lado de los proveedores así como de algunos funcionarios estatales, que figuran como vendedores hábiles en los registros de la OSCE por lo tanto aptos para “nadar” dentro del acuerdo marco.
Si no existen los filtros necesarios para frenar esta práctica, inútil será cualquier esfuerzo para transparentar los procesos de compras estatales, refieren Ronald Hiibner y Moisés Alarcón de la Cámara Peruana de tecnología de Información – CAPETI-.
Tras los filtros de rigor deben quedar en lisa empresas debidamente empoderadas y calificadas para contratar con el Estado. Es más –sugieren- debería exigírseles “experiencia comprobada” en ventas hechas exclusivamente al Estado.
Admiten que vender tecnología (computadoras específicamente) “no es nada fácil” debido a la variedad de modelos y sus componentes intrínsecos, por lo cual plantean un mecanismo diferente que “permita estandarizar de manera fácil los productos y los precios”.
“No se puede poner en un catálogo de precios” los componentes de una computadora agrega Miguel Carmen, un experto que ha dedicado los últimos años a estudiar las transacciones entre empresas privadas y públicas.
Cree que una de las mejores formas de clarificar el proceso es que el vendedor se presente ante el Estado como el “representante legal” de la empresa vendedora. “A ver si siendo el representante legal se atreverá a llevar a cabo malas prácticas”, esbozó a modo de desafío.
En la misma orilla de Miguel Carmen se ubica el ejecutivo de Intcomex, quien considera como “un gran problema” el asunto de las “garantías extendidas” que al final de cuentas son “garantías ficticias” que no significan nada.
“Creo que las garantías las debe otorgar el propio fabricante, quien de paso deberá informar (a los comités de selección) qué productos siguen vigentes y cuáles son obsoletos”, subrayó.
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Frases a tomar en cuenta expresadas en el Conversatorio:
*El Estado debe evaluar a los proveedores por su capacidad de contratación, empleando la misma fórmula que se aplica en el sector construcción.
*La fórmula es la resultante del “capital social” que poseea la empresa proveedora y su “historial” de ventas.
*Los requisitos para ser proveedor deben ir más allá de un RNP y RUC válidos. Se debe exigir “experiencia” en ventas estatales y “volumen de ventas mínimas” acreditadas.
*Las compras de envergadura deben convocarse vía “licitaciones públicas”; lo demás (commodities) debe ir al Acuerdo Marco.
*El fabricante debe avalar fehacientemente a su canal de distribución.
*El Estado debe definir bien lo que quiere: ¿postores o marcas?
*Hay personas individuales con excelentes iniciativas que no pueden venderle al Estado. Para ello se necesita un reglamento inteligente no regido por normas sino el libre mercado.
*Establecer filtros es complicado: las empresas pequeñas quieren venderle al Estado y las grandes ven la manera de impedirlo.
*El Estado debe imitar al sector privado. Un primer paso es exigir acreditación de Distribuidor Autorizado de los fabricantes.
*En tanto haya menos relación entre comprador y vendedor, los niveles de corrupción serán mínimos. Es más, si una empresa quiere negociar con el Estado, su presencia hasta cierto grado debería ser anónima. A nadie le interesa saber quién está al otro lado del mostrador; lo que interesa es saber qué estoy comprando y vendiendo. (Teo F. Ll.)
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Participantes en el Conversatorio organizado por América Sistemas:
Katherine Abadia de HP
Marita Soldevilla de HP
Ronald Hubner de CAPETI
Moisés Alarcón de CAPETI
Juan Vicente de la empresa Ensambladora de Computadoras Vastec
Sergio Marfurt del distribuidor mayorista Intcomex
Alberto Arrieta, abogado del Estudio Montezuma & Porto
Gloria Montenegro, distribuidora Datasum
Miguel Carmen, experto en Compras Públicas
César Flores Llontop en calidad de moderador por América Sistemas