Turbio proyecto se cocina con el 911

El sistema de emergencias 911, financiado con un préstamo de 54 millones de dólares del Banco Mundial, enfrenta cuestionamientos por presunta falta de transparencia en el proceso de adjudicación liderado por PRONATEL. A pesar de la responsabilidad de la Policía Nacional del Perú, la coordinación con ellos fue limitada. Se alega que el consorcio ganador, Motorola, fue favorecido injustamente, mientras que otros postores, como Sonda, fueron descalificados sin razones técnicas claras. Consultorías costosas y evaluaciones subjetivas han generado dudas sobre el uso eficiente del préstamo y la equidad del proceso. Se solicita una auditoría y revisión del proyecto.

Proyecto 911 en la Mira: Transparencia y Evaluaciones Cuestionadas en el Proceso de Adjudicación de la Central de Emergencias en Lima y Callao

El sentido común sostiene que este proyecto debería estar a cargo de la PNP, sin sustento técnico alguno, lo maneja PRONATEL, órgano adscrito al MTC con serias sospechas en su gestión.

(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 11 de setiembre 2024) El Proyecto 911, destinado a la creación de un sistema unificado de atención de emergencias en Lima Metropolitana y el Callao, ha generado gran expectativa por su potencial impacto en la seguridad pública. Sin embargo, recientes quejas sobre la falta de transparencia en el proceso de adjudicación han puesto en entredicho la legitimidad de las decisiones tomadas. Con un financiamiento de 54 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial, el proyecto enfrenta críticas sobre la evaluación y calificación que fueron subjetivas y no objetivas de las propuestas presentadas en cada fase del proceso, la falta de coordinación entre las entidades involucradas y posibles favoritismos hacia una conocida marca del mercado.

El Proyecto 911, lanzado bajo el Contrato de Préstamo N.º 9039-PE, pretende modernizar la atención de emergencias en Lima y Callao, implementando una Central Única de Emergencias que integrará a la Policía Nacional del Perú (PNP), los Bomberos, el SAMU y otras instituciones clave. Aunque la intención es clara, el proceso de selección de proveedores ha despertado sospechas y críticas que ponen en duda la transparencia y objetividad de las evaluaciones. Algo que llama poderosamente la atención es que PRONATEL primero licita el corazón de una Central de Emergencia y aún no está licitada la infraestructura que lo albergara. De ripley.

Transferencia de Responsabilidades y Coordinación Inadecuada
Inicialmente destinado al Ministerio del Interior (MININTER), el proyecto fue transferido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante la gestión de Martín Vizcarra, quien era ministro de dicha cartera. Posteriormente, se encomendó a PRONATEL la ejecución del proyecto. Sin embargo, PRONATEL ha sido señalado por no coordinar adecuadamente con la PNP que de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1590, es la entidad responsable de operar y mantener el sistema una vez concluida la fase de implementación siendo esta la usuaria final.

Este desajuste en la coordinación ha sido uno de los puntos más críticos del proceso, ya que la PNP, como usuario final, debería haber tenido una participación más activa en la elaboración de los Términos de Referencia (TDR) y en la definición de los criterios de evaluación. La opinión pública sabe la catadura moral de Vizcarra y su entorno.

Proceso de Evaluación Cuestionado
Uno de los aspectos más controvertidos del proceso ha sido la evaluación de las propuestas presentadas. Según denuncias de los postores no seleccionados, como el Consorcio Sonda, las evaluaciones fueron realizadas de manera subjetiva y sin un sustento técnico adecuado. Esto ha generado sospechas sobre la posible existencia de favoritismos, especialmente hacia marcas cuyos equipos tienen características propietarias que dificultan la integración con otras plataformas, como es el caso de Motorola. El Sistema de Gestión de Emergencias 911 (CAD) debe de integrase a la plataforma de Radio comunicaciones de la PNP a través de SDK o API las cuales deberían ser proporcionadas por el fabricante de las radios que es HYTERA al ganador, pero existe un problema que los miembros del comité lo saben pero se hacen de la vista gorda, HYTERA y MOTOROLA se encuentran en juicio por patentes, además otro de los puntos importantes es la integración del sistema de gestión de las camaras, la PNP tiene integrada a su sistema camaras de varios gobiernos locales, muchas de las cuales cuentan con analíticas en las cámaras, la pregunta es si podrán integrar esas cámaras al sistema 911 de Lima y Callao o pasará lo mismo que ocurrió en 1989 hasta el 2007, una dependencia de Motorola que le costó al país cientos de millones dólares por no ser interoperable y sus elevados costos de mantenimiento preventivo y correctivo.

El Consorcio Sonda presentó queja formal al Banco Mundial, MTC y a la Contraloría General de la República, señalando que su propuesta técnica no fue evaluada objetivamente, restándoles puntos por una mala interpretación, asi mismo existió una empresa NGA que obtuvo la mejor calificación en este aspecto, menor precio y fue descalificada por razones no claras, en otra etapa no muy clara se eliminó a PROMAD que tiene en operación el C5 de la Ciudad de Mexico, Emergencys, Gilat y a otras empresas que fueron eliminados en varias etapas anteriores, lo que ha levantado dudas sobre la imparcialidad del proceso. La calificación final favoreció a Motorola, a pesar de las inquietudes sobre la interoperabilidad de sus equipos en un sistema que requiere integración y flexibilidad.

Consultorías y Uso de Recursos Financieros
Otro punto que ha generado preocupación es el gasto en consultorías contratadas por PRONATEL para desarrollar los TDR y los protocolos de atención de las distintas entidades involucradas. No se ha transparentado cuánto del préstamo de 54 millones de dólares ha sido destinado a estas consultorías, lo que ha llevado a varios actores a solicitar una auditoría de los gastos. (se presume de alrededor de 10 millones de dólares, que de ser cierto sería un escándalo).

Implicancias y Recomendaciones
Dado que el proyecto tiene una gran importancia para la seguridad ciudadana no solo en Lima y Callao, es fundamental que se aclaren las dudas sobre el proceso de selección sino la forma en la adjudicación. La transparencia es crucial en proyectos financiados con endeudamiento externo, cuyo costo será asumido por el país. Las recomendaciones de los expertos sugieren que se realice una auditoría independiente de los gastos de PRONATEL en consultorías y que se divulguen los criterios de evaluación y los puntajes otorgados a cada postor para asegurar que el proceso fue justo y objetivo.

Además, es necesario investigar si la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DIRTIC-PNP) del MININTER, como área usuaria del sistema, participó en alguna etapa del proyecto y revisar el convenio firmado entre PRONATEL y el MININTER para garantizar que la transferencia de la operación y el mantenimiento del sistema a la PNP se realice de manera adecuada. Además, deja muchas dudas los tiempos de implementación que serán de 30 meses en total con 18 meses de marcha blanca, 12 meses para trasladar el equipamiento adquirido, gasto extra al parecer innecesario, este tiempo que se puede alargar si no se construye la nueva central en chorrillos, eso implicaría pagar ese tiempo muerto por un servicio no implementado.

El Proyecto 911 es un hito crucial en la mejora de la seguridad pública en Lima y Callao. No obstante, las irregularidades señaladas en el proceso de adjudicación y la falta de transparencia en el uso de los fondos deben ser abordadas con prontitud. Un retroceso en el proceso de selección y una mayor participación de los actores clave podrían corregir las posibles irregularidades, garantizando que el proyecto cumpla con sus objetivos y beneficie a todos los ciudadanos. La confianza en las instituciones públicas y en los procesos de contratación debe ser restaurada para asegurar que proyectos de esta magnitud se implementen de manera eficiente y sin cuestionamientos.

De continuar el proceso, con los argumentos expuestos, expertos señalan que el sistema se quedaría a medio camino y sería otro proyecto más donde el dinero de todos los peruanos se dilapidaría.